La liberación de Fujimori abre un frente diplomático entre Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

El Gobierno de Dina Boluarte acatará el fallo del Tribunal Constitucional que concede la excarcelación al expresidente peruano, condenado por delitos de lesa humanidad.

LIMA – Mientras en los exteriores del penal de Barbadillo, en Ate, al noreste de Lima, un grupo de fieles, con globos naranjas y polos con el rostro de Alberto Fujimori, bailaban el Ritmo del Chino —una tecnocumbia con el que el peruano-japonés intentó su reelección a inicios de los 2000—, deudos de los estudiantes de La Cantuta que murieron en 1992 se congregaron frente a Palacio de Justicia, en el Centro Histórico, para gritar a todo pulmón: “Indulto es insulto”. Pero si estas dos escenas ilustran lo que produce en el país la inminente liberación del expresidente condenado por delitos de lesa humanidad y preso desde 2005, la sentencia del Tribunal Constitucional abrió un frente diplomático entre Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la noche del martes requirió al Estado que se abstenga de ejecutar la orden de excarcelación.

Seis años después de que Pedro Pablo Kuczynski le otorgara un indulto humanitario que minó su Gobierno, el Tribunal Constitucional ha dispuesto su liberación inmediata a través de una resolución que hace eco de aquella gracia presidencial y que, desde luego, también divide aguas: mientras simpatizantes del fujimorismo y congresistas consideran que debe acatarse lo dispuesto por el TC, del otro bando existe un sector de analistas y parlamentarios que alertan sobre un quiebre del Perú con el sistema interamericano. De prosperar, podría terminar en una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) incluso en una expulsión al pasar por alto una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que bloquea la salida de Fujimori de Barbadillo.

Hace una semana, la Corte IDH le recordó al Estado peruano que continúa vigente la obligación de abstenerse a liberarlo y le concedió un plazo de seis días para emitir un informe al respecto. Este miércoles se cumple el plazo, cuando se espera que Fujimori sea excarcelado. Durante la tarde, tras conocerse la resolución del Tribunal Constitucional, la presidenta Dina Boluarte sostuvo una reunión con el ministro de Justicia, Eduardo Arana. Había cierto suspenso sobre cómo afrontaría el tema el Ejecutivo, pero ha trascendido que acatarán el fallo. La Corte Interamericana pidió, en última instancia, tiempo hasta que el tribunal cuente con “todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión [el fallo del Constitucional] cumple con las condiciones establecidas” en una resolución de abril 2022, cuando ya se impidió la excarcelación del exmandatario.

Los hijos del patriarca se reunieron en la casa de Keiko Fujimori, en el distrito de San Borja. El excongresista Kenji Fujimori fue captado por diversos medios justo cuando hacía su ingreso. Ambos prefirieron no brindar declaraciones; dejaron dicho que lo harán en cuanto terminen los trámites administrativos. Elio Riera, abogado de Fujimori, declaró por la noche que todo dependía de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), exactamente del Área de Libertades, la oficina competente. “El mandato del TC dice que debe ejecutarse durante el día. Debería cumplirse. Pero ya le corresponde al INPE”, señaló.

La congresista Ruth Luque anunció que denunciará a los tres magistrados del Tribunal Constitucional que firmaron la resolución: Francisco Morales Saravia, Luz Pacheco Zerga y Gustavo Gutiérrez Ticse. “Es una libertad ilegal. Voy a denunciarlos por el delito de prevaricato y por infracciones constitucionales”, dijo, “acá hay una mayoría congresal que no le interesa ni siquiera lo que dice la Corte Interamericana. Ellos han venido con todo un libreto de imponer este pacto de impunidad y corrupción”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos emitió un comunicado donde sostiene que el TC “viola el Estado de derecho al vulnerar la resolución de la Corte IDH y, además, atenta contra la memoria de las víctimas de la dictadura fujimorista”. La organización feminista Manuela Ramos también criticó la medida e hizo hincapié en la resistencia de Alberto Fujimori de disculparse por sus delitos y tener un propósito de enmienda. “Fujimori está preso por delitos de lesa humanidad. No ha pedido perdón por ellos ni mucho menos ha reparado a las víctimas”, anotaron.

En la resolución, los magistrados del Tribunal Constitucional alegan que Fujimori “ya ha cumplido aproximadamente las dos terceras partes de su condena”, que “tiene una avanzada edad (85 años)” y que “su salud se encuentra resquebrajada”. Argumento que han esgrimido los partidarios naranjas, incluso pidiéndole “humanidad a los deudos de las víctimas”, como el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, en un hecho sumamente criticado.

Para el exprocurador César Azabache se trata de un viraje al desatender los mandatos de la Corte Interamericana. “Es un punto de inflexión muy serio al no acatar una orden expresa de la Corte y de cómo se configuran las protecciones a los derechos civiles en el país. Es un viraje hacia un punto de no retorno”. Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien defiende a los deudos, espera un pronunciamiento inmediato de la Corte. “La Corte IDH podría denunciar el caso ante la OEA. Pero estoy seguro que antes llamará a una audiencia”.

Mientras un bando celebra, el otro implora que le devuelvan un poco de justicia. La reconciliación no parece una opción real. Y todo ocurre en las vísperas del 7 de diciembre, a un año del Autogolpe de Pedro Castillo y el inicio del abrupto gobierno de Dina Boluarte.