Trump se enfrenta a otra impugnación de la candidatura en virtud de la Decimocuarta Enmienda, esta vez en Minnesota

SAINT PAUL – Un grupo liberal presentó este martes una demanda para impedir la inclusión del expresidente Donald Trump en la boleta presidencial de 2024 en Minnesota, la segunda demanda importante en dos semanas que en virtud de la arcana «prohibición de insurrección» de la Decimocuarta Enmienda.

Los casos se consideran apuestas arriesgadas desde el punto de vista jurídico. Trump niega haber actuado mal y ha prometido luchar para permanecer en la papeleta presidencial. La nueva demanda de Minnesota fue presentada en un tribunal estatal por Free Speech For People, una semana después de que otro grupo iniciara un desafío similar en Colorado.

Una disposición de la Decimocuarta Enmienda, posterior a la Guerra Civil, establece que todo funcionario estadounidense que jure defender la Constitución queda inhabilitado para ocupar un cargo en el futuro si «ha participado en una insurrección o rebelión» o ha «prestado ayuda o consuelo» a insurrectos.

Sin embargo, la Constitución no detalla cómo hacer cumplir esta prohibición, y solo se ha aplicado dos veces desde finales del siglo XIX, cuando se utilizó contra antiguos confederados.

«Donald J. Trump, a través de sus palabras y acciones, después de prestar juramento como funcionario de Estados Unidos para apoyar la Constitución, luego participó en insurrección, según la definición de la sección 3 de la Decimocuarta Enmienda», dice la nueva demanda. «Está inhabilitado para ocupar la presidencia o cualquier otro cargo en Estados Unidos».

La demanda fue presentada en nombre de ocho votantes de Minnesota, entre ellos un exmagistrado de la Corte Suprema estatal designado por el Partido Republicano, un exsecretario de Estado demócrata y un veterano de la guerra de Iraq, que dirigía la sección del Partido Republicano de su condado.

El secretario de Estado de Minnesota, el demócrata Steve Simon, reconoció en un comunicado, la semana pasada, que los minesotanos tienen derecho, según la ley estatal, a impugnar ante los tribunales la elegibilidad de un candidato para un cargo, y se comprometió a «respetar el resultado de ese proceso».

Dijo que los partidos políticos presentan listas con los candidatos para las votaciones primarias, y los partidos también presentan los nombres de sus candidatos para las elecciones generales. Los nombres proporcionados por los partidos «aparecerán en la papeleta… a menos que un tribunal diga lo contrario», dijo Simon.

Las primarias republicanas en Minnesota se celebran el 5 de marzo, conocido como el supermartes. Trump tiene una ventaja dominante en las primarias del Partido Republicano en todo el país, según encuestas recientes. La nueva demanda busca bloquear el nombre de Trump de la papeleta de las primarias, así como de las elecciones generales, si gana la candidatura. Tanto Minnesota como Colorado votan al candidato presidencial demócrata desde 2008.

Los grupos de defensa de la candidatura han prometido presentar demandas en más estados a medida que se acerque la temporada de primarias. Los funcionarios electorales de los principales estados indecisos han dicho que están siguiendo de cerca los litigios, y ninguno ha respaldado públicamente la idea de descalificar a Trump.

Una táctica arriesgada

Los juristas están divididos sobre la viabilidad de estas impugnaciones a través de la Decimocuarta Enmienda.

En los últimos meses, un número creciente y bipartidista de expertos constitucionales ha respaldado la teoría. Pero los expertos de ambos lados también han expresado su preocupación de que el bloqueo de Trump de la votación podría dar lugar a una reacción violenta y privaría a los votantes la oportunidad de decidir por sí mismos quién debe ser presidente.

«El hecho de que una disposición constitucional no haya sido necesaria en mucho tiempo no la hace menos crítica», dijo Ron Fein, director legal de Free Speech For People, a CNN. «La lección que nuestros predecesores aprendieron con sangre fue que los insurrectos que rompen el juramento no pueden volver a ocupar cargos públicos por el peligro que suponen para la república».

Su grupo lideró el año pasado desafíos infructuosos contra los republicanos de la Cámara de Carolina del Norte, Arizona y Georgia, aunque consiguió algunas sentencias clave que podrían ayudar a los desafíos del grupo contra Trump. Un grupo diferente utilizó con éxito la Decimocuarta Enmienda para destituir a un funcionario del condado de Nuevo México después de que fuera condenado por irrumpir en los terrenos del Capitolio durante el ataque del 6 de enero.

Sus desafíos se enfrentan a una cuesta arriba, con muchos obstáculos legales que superar antes de llegar a la cuestión de si se debe inhabilitar a Trump. El expresidente apelará con toda seguridad cualquier sentencia adversa, lo que significa que la Corte Suprema y su supermayoría conservadora podrían tener la última palabra.

Como mínimo, estas demandas han revigorizado un debate nacional sobre si Trump es un insurrecto, y han vuelto a centrar la atención en sus intentos sin precedentes de interrumpir el traspaso legal del poder.

El año pasado, la comisión bipartidista de la Cámara de Representantes que investigó el asalto del 6 de enero al Capitolio de EE.UU. recomendó que se prohibiera a Trump ocupar cargos en el futuro en virtud de la Decimocuarta Enmienda. Desde entonces, Trump ha sido acusado por separado de cargos federales y estatales derivados de sus planes para anular las elecciones de 2020. (Se ha declarado inocente).

Después de que la aspiración presidencial de Trump fuera impugnada en Colorado, la semana pasada, su campaña calificó la apuesta legal como una «absurda teoría de la conspiración» promovida por personas que están «muertas de miedo porque ven encuestas que muestran al presidente Trump ganando en las elecciones generales».

«No hay base legal para este esfuerzo, excepto en las mentes de aquellos que lo están impulsando», dijo el portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, en el comunicado de la semana pasada.