¿Qué es el “Big Beautiful Bill” de Trump y cómo afectará a la comunidad inmigrante?

Economistas dicen que la ley H.R. 1, Big Beautiful Bill, incrementará la deuda en $2.4 mil millones.

PORTLAND – El presidente de Estados Unidos lo apoda hermoso, pero los activistas pro inmigrantes lo consideran una desgracia, especialmente para las comunidades de bajos recursos y los inmigrantes.

El H.R. 1, apodado “La Gran Hermosa Ley”, es un enorme proyecto de ley de reconciliación presupuestaria impulsado por los republicanos e introducido a principios de 2025. Combina el endurecimiento migratorio, reformas fiscales, recortes a la salud pública y desregulación energética en un solo paquete legislativo.

Este proyecto de ley tiene como objetivos principales aumentar drásticamente la aplicación de leyes migratorias y deportaciones, recortar el gasto en Medicaid, SNAP y otros programas sociales, reducir los impuestos corporativos y sobre la renta, así como expandir la producción de combustibles fósiles y eliminar regulaciones ambientales.

El proyecto fue presentado en la Cámara de Representantes por el congresista Jodey Arrington (Republicano de Texas), quien preside el Comité de Presupuesto de la Cámara. Sin embargo, fue redactado en estrecha colaboración con la administración de Donald Trump.

Este primero de julio, el Senado aprobó la versión enmendada del proyecto, a lo que muchos líderes comunitarios sonaron la alarma. Entre las preocupaciones se encuentra:

Expansión masiva de la detención de inmigrantes
Se destinan $45 mil millones para construir o mantener más de 100,000 camas en centros de detención de ICE, incluyendo instalaciones para detener a familias — eliminando límites anteriores como la regla de los 20 días establecida por el caso Flores. Las familias podrían ser detenidas indefinidamente durante sus procesos de deportación.

Aumento masivo en contrataciones para ICE y CBP
Se destinan fondos para contratar 10,000 nuevos agentes de ICE, 5,000 oficiales de la Patrulla Fronteriza, decenas de miles de plazas adicionales en centros de detención y $170 mil millones en total para infraestructura de cumplimiento — lo que significa redadas más frecuentes y deportaciones más rápidas.

Expansión de la “remoción expedita”
Permite la deportación sin audiencia judicial para personas no ciudadanas con antecedentes penales, incluso aquellas con muchos años de residencia, reduciendo las protecciones del debido proceso.

Política de “Permanecer en México” codificada
Financia el restablecimiento de la política que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México — exponiéndolos a peligros y dificultando enormemente la defensa legal de sus casos.

Más poder para la policía local
Proporciona fondos a las autoridades locales a través de asociaciones 287(g) y SCAAP, permitiendo detenciones rutinarias y mayor cooperación en operativos de inmigración.

Tarifas extremadamente altas para solicitudes migratorias
Asilo: $1,000; libertad condicional/TPS: $1,000/$500; residencia permanente (green card): $1,500; exenciones de inadmisibilidad/peticiones para reabrir casos, etc.: entre $250 y $1,050. Además, una tarifa anual de $100 mientras esté pendiente el asilo — ninguna de estas tarifas puede ser exonerada. Reduce la duración de los permisos de trabajo para personas con TPS, libertad condicional o asilo, creando un cargo de $550 por las solicitudes de autorización de trabajo y exigiendo renovación cada seis meses.

Impuesto sobre remesas
Un impuesto del 3.5% al 5% sobre el dinero que los inmigrantes envían a sus países de origen (afectando especialmente a comunidades de bajos ingresos que usan efectivo o giros postales).

Restricciones al acceso a servicios de salud y beneficios sociales
Prohíbe que inmigrantes legalmente presentes accedan a Medicaid, Medicare y subsidios del ACA; impone requisitos laborales; limita el acceso al programa SNAP (cupones de alimentos) y penaliza a familias de estatus mixto — incluso perjudicando a hijos ciudadanos estadounidenses.

Procesos acelerados para menores no acompañados Oficiales de inmigración podrían ordenar el regreso de menores a sus países sin exámenes adecuados sobre el temor a persecución, invalidando las protecciones actuales.

Presión sobre la separación familiar
Los patrocinadores de menores enfrentan revisiones penales rigurosas, investigaciones por vínculos con pandillas y barreras de privacidad — lo que podría hacer que las familias teman consecuencias legales si se presentan a reclamar a los niños.

Tras la aprobación en el Senado, el texto con enmiendas volvió ayer a la Cámara de Representantes para su revisión. El calendario señala que se espera que la Cámara vote esta semana, posiblemente durante o justo después del receso por el 4 de julio. Si la Cámara aprueba la versión del Senado sin cambios, el proyecto pasará directamente al presidente Trump para su firma.

Grupos de derechos civiles, organizaciones de defensa y funcionarios estatales la han condenado por eliminar el debido proceso, restringir el acceso a servicios de salud y desestabilizar económicamente a millones de familias, mientras canaliza billones de dólares hacia la deportación masiva.

Críticos afirman que esta ley afecta con dureza a las familias de bajos y medianos ingresos, debilita su estabilidad financiera y reduce la fuerza laboral disponible.

“Este proyecto de ley privará a entre 12 y 17 millones de estadounidenses de atención médica básica, mientras invierte niveles sin precedentes de fondos en la cada vez más impopular agenda de deportaciones masivas del presidente, la cual socava la seguridad pública y crea caos en las comunidades estadounidenses,” dijo Nayna Gupta, directora de políticas del American Immigration Council.

“En un momento en que las encuestas muestran que cada vez más estadounidenses rechazan la detención y deportación masiva, este proyecto ignora lo que quiere la ciudadanía y se aferra a políticas punitivas que no abordan los verdaderos problemas de nuestro sistema migratorio, incluyendo los retrasos en los tribunales, la falta de vías legales hacia la ciudadanía y un sistema de asilo roto”, dijo Gupta.

El proyecto tiene la meta de recortar $300 mil millones de la educación pública, así como negar la asistencia alimentaria a 4.5 millones de personas, incluidos niños.

Héctor Sánchez Barba, Presidente y CEO de Mi Familia Vota, emitió la siguiente declaración:

“Nuestras familias votan, y acudiremos masivamente en las próximas elecciones para responsabilizar a los senadores que aprobaron este monstruoso proyecto de ley hoy. Esta legislación causará un daño real a familias como la nuestra y a comunidades de todo el país, y amenaza nuestros valores fundamentales estadounidenses.

‘La Gran Ley Fea’ es increíblemente irresponsable. Nuestros hijos y nietos tendrán que pagar su enorme deuda, mientras cantidades obscenas de dinero se destinan a políticas de ICE que castigan a las familias y a los trabajadores esenciales que nuestra economía necesita por su trabajo arduo y sus impuestos”, dijo Sánchez Barba.

A juicio de Yadira Sánchez, Directora Ejecutiva de Poder Latinx, esta votación es un fracaso moral de proporciones históricas.

“Al elegir la codicia sobre la humanidad, nuestros senadores han condenado a millones de familias a una pobreza más profunda, comunidades más enfermas y menos oportunidades de sobrevivir — y mucho menos de prosperar. Esto no es solo una decisión política, es una traición y un ataque deliberado que causará sufrimiento e injusticia reales por generaciones”, dijo.

“Nuestros representantes han dejado de lado la compasión y el sentido común,” añadió Sánchez. “Sus votos a favor de este horrible proyecto de presupuesto son un ataque directo contra la salud, la seguridad y la dignidad de las familias trabajadoras”.