Las claves de la «causa Vialidad», el caso de corrupción que condenó a Cristina Fernández

Durante todo el proceso, la exmandataria negó las acusaciones y aseguró ser víctima de una «persecución».

BUENOS AIRES – Las irregularidades en torno a la concesión de obras viales en la provincia argentina de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo, derivaron en una causa judicial que culminó este martes con la confirmación por la Corte Suprema de una condena contra la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), quien denuncia una estrategia de «lawfare» (persecución judicial) en su contra.

La denominada «causa Vialidad» tiene su origen en la adjudicación de 51 obras de construcción de carreteras en esta región del sur de Argentina a firmas del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007), fallecido en 2010, y su hoy viuda, Cristina Fernández (2007-2015).

El caso se remonta a noviembre de 2008, cuando la diputada Elisa Carrió y otros dirigentes de la opositora Coalición Cívica presentaron una denuncia penal por el supuesto «direccionamiento» de las obras viales hacia las empresas constructoras de Báez.

En abril de 2016, meses después de que Mauricio Macri (2015-2019) asumiera la Presidencia argentina, el entonces titular de la Dirección de Vialidad (órgano estatal a cargo de la infraestructura vial), Javier Iguacel, presentó una denuncia más amplia.

El 27 de diciembre de 2016, el juez federal Julián Ercolini procesó a Cristina Fernández por asociación ilícita y administración fraudulenta agravada.

En la etapa de investigación judicial, Ercolini determinó que cerca del 85% de los contratos viales de Santa Cruz fueron adjudicados a Lázaro Báez, amigo personal de Néstor Kirchner.

En marzo de 2018, la causa fue elevada a juicio oral, un proceso que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 inició el 22 de mayo de 2019.

El 22 de agosto de 2022, el fiscal interviniente en el juicio oral, Diego Luciani, solicitó una pena de doce años de cárcel para la expresidenta (en esas fechas era vicepresidenta en el Gobierno de Alberto Fernández), tras considerar que había quedado demostrado que ella era la «jefa» de una asociación ilícita.

Afirmó que la exmandataria había creado, junto a Kirchner, «una de las matrices más extraordinarias de corrupción» en Argentina.

Por aquellos días, seguidores kirchneristas solían concentrarse a las puertas de la residencia de CristinaFernández en Buenos Aires para mostrarle apoyo.

En la noche del 1 de septiembre, Fernández se acercó a saludar a los manifestantes y un hombre con un revolver disparó contra ella. La bala no salió. El intento de magnicidio conmocionó al país.

Cristina Fernández denuncia «lawfare»

En los alegatos finales del juicio, Fernández negó las acusaciones y afirmó ser víctima de «lawfare», es decir, de instrumentalización de la justicia por parte de sus adversarios políticos para perseguirla y desprestigiarla.

En su opinión, la «causa Vialidad» carece de base legal y no existen pruebas de corrupción. A su juicio, el objetivo era «eliminarla políticamente». Además, Cristina Fernández ha comparado su situación con la que atravesó Luiz Inácio Lula da Silva, en Brasil.

«Este juicio no tiene andamiaje constitucional, es un disparate», afirmó Fernández.

Durante el proceso, la expresidenta denunció falta de imparcialidad y señaló especialmente a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, a los que acusa de mentir y manipular pruebas para fabricar un caso.

En agosto de 2022 pidió la recusación del juez Rodrigo Giménez Uriburu y el fiscal Luciani, después de que el diario Página12 revelara que ambos jugaban al fútbol con el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

Luego pidió la recusación del juez Jorge Luciano Gorini al conocerse que había tenido dos reuniones con Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad del Gobierno de Macri y hoy de Javier Milei. Todas fueron rechazadas.

La condena: prisión e inhabilitación

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral condenó a Cristina Fernández a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces la hallaron culpable del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron del cargo de asociación ilícita.

En los fundamentos de la sentencia se afirma que «los incontrovertibles beneficios obtenidos» por el empresario Báez «no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta».

«¿Por qué me condenan? Por un delito que como presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015», escribió Fernández en sus redes sociales cuando se conoció la sentencia hoy ratificada.

Además de condenar a la exmandataria, el tribunal impuso una pena de seis años de prisión para Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

La expresidenta apeló el fallo condenatorio, pero la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la sentencia en noviembre de 2024, por lo que Fernández recurrió a la Corte Suprema.

Este martes, el máximo tribunal confirmó el fallo y la condena quedó firme. Esta decisión implica que Fernández no podrá ser candidata a legisladora provincial en los comicios de septiembre en la provincia de Buenos Aires, como pretendía.

Cristina Fernández, de 72 años, puede solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria por su edad, pero que se le conceda es potestad de los jueces que deben ejecutar la sentencia.