Juez estatal suspende la ley de armas de Oregón y el estado apela la orden

PORTLAND – Un fallo de un juez de un tribunal estatal suspendió el martes por la noche la nueva y estricta ley de armas de Oregón, pocas horas después de que un juez de un tribunal federal permitiera que la prohibición de la venta y transferencia de cargadores de alta capacidad entrara en vigencia esta semana.

El fallo del juez del condado de Harney, Robert Raschio, dejó en el limbo la implementación de la Medida 114 y la fiscal general de Oregón, Ellen Rosenblum, dijo en Twitter que su oficina buscará una acción de emergencia por parte de la Corte Suprema de Oregón.

Rosenblum presentará una apelación inmediata ante el tribunal superior del estado buscando “alinear el resultado en nuestros tribunales estatales con la decisión bien razonada y reflexiva del tribunal federal”, dice el comunicado. Es probable que esa presentación llegue el miércoles por la mañana.

“Ha sido un día ajetreado para la Medida 114, la nueva ley de seguridad de armas de fuego en Oregón, que se supone que entrará en vigencia el jueves. Un juez federal y un juez estatal emitieron hoy fallos opuestos”, dijo Rosenblum en Twitter. “A partir de ahora, la ley no puede entrar en vigencia el jueves”.

La demanda en el condado de Harney, presentada por Gun Owners of America Inc. y la Gun Owners Foundation, buscaba suspender toda la ley mientras se decide su constitucionalidad. Sin embargo, la demanda estatal hace los reclamos bajo la Constitución de Oregón, no la Constitución de los Estados Unidos. Eso significa que el fallo del juez Raschio es vinculante en todo el estado por ahora.

Temprano este martes, un juez federal en Portland otorgó una victoria inicial a los defensores de la medida radical de control de armas aprobada por los votantes de Oregón. La jueza federal de distrito Karin Immergut permitió que la prohibición de la venta y transferencia de nuevos cargadores de alta capacidad entrara en vigencia el jueves y le dio a las fuerzas del orden público más tiempo para establecer un sistema de permisos que ahora se requerirán para comprar o transferir un arma.

La jueza Immergut otorgó un retraso de 30 días antes de que el mandato de permiso de compra entre en vigor, pero no lo anuló por completo como querían los defensores del derecho a las armas.