Crisis en Venezuela: Los hechos clave que demuestran un endurecimiento del régimen de Maduro en las últimas semanas

En solo 52 días, el país caribeño ha sido escenario de diversos hechos que han tensionado la situación política en un año marcado por las elecciones presidenciales.

CARACAS – Todo indica que 2024 será un año crucial para Venezuela. De acuerdo con el calendario original, se espera que en los próximos meses el país caribeño celebre elecciones presidenciales legislativas, con Nicolás Maduro como seguro candidato a la reelección. Todo esto, no obstante, en medio de un clima de mucha incertidumbre y cuestionamientos, enmarcando una crisis de años que sigue profundizándose.

Han pasado solo 52 días de este año y los momentos de tensión han sido la tónica en Venezuela. Luego de un 2023 que culminó de buena forma con el acuerdo firmado en Barbados entre el Gobierno y la oposición de cara a los comicios, sumado a la decisión de Estados Unidos de relajar algunas sanciones económicas y liberar a Álex Saab -supuesto testaferro de Maduro que estaba detenido en Norteamérica-, se esperaba una situación más «tranquila» y menos polémica. Pero no.

En siete semanas y media, el régimen venezolano ha protagonizado una serie de hechos que han provocado no solo el repudio de la oposición local venezolana, sino de buena parte de la comunidad internacional, que veía con buenos ojos el avance electoral, pero que ahora ha expresado su preocupación sobre el futuro.

Son tres los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas que están marcando el escenario político venezolano. Revisa cuáles son:

Una candidatura truncada y unas elecciones con interrogantes

Corría octubre de 2023 y María Corina Machado se convertía en la candidata presidencial de la oposición tras arrasar en las primarias del sector con el 92% de los votos. Este resultado apuntalaba a la ex diputada como la única capaz de derrotar a Nicolás Maduro en los comicios contemplados para 2024. Pero había una traba.

En julio de 2015, Machado había sido inhabilitada por un año para postular y ejercer cargos públicos por haber asistido como «embajadora alterna» de Panamá a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde denunció violaciones a los DD.HH. cometidas por las fuerzas de seguridad del chavismo. Dicha sanción, no obstante, fue extendida en junio pasado a 15 años por parte de la Contraloría de Venezuela por haber «solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generó daños en la salud venezolana».

Todo empeoró para la dirigente luego de que la Corte Suprema ratificara la inhabilitación de 15 años, sepultando toda posibilidad de candidatura. El máximo tribunal respaldó sancionar a Machado por ser «partícipe de la trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Antonio Guaidó». Esto causó numerosos cuestionamientos tanto al interior de la oposición venezolana como en el exterior, al punto de que EE.UU. decidió reactivar sanciones al petróleo y gas de Venezuela.

Para los opositores, este fallo viene a romper el acuerdo de Barbados, donde las partes acordaron una serie de condiciones para la celebración de elecciones presidenciales libres a fines de 2024. Así, aseguran en la disidencia venezolana, la decisión judicial viene a desobedecer el mandato popular salido de las primarias.

Pero tanto Maduro como su gobierno han respaldado el fallo. El jefe de Estado aseguró que la revisión de la sanción política contra Machado cumple con lo firmado en octubre pasado y aseguró que es la oposición la que está «incumpliendo parcialmente» el pacto.

«Pese a las amenazas y los chantajes del imperio estadounidense, las instituciones de Venezuela han funcionado y digo: acuerdo de Barbados, Tribunal Supremo de Justicia, esto es cosa juzgada y decisión definitivamente firme», indicó.

Con todo, Machado afirmó que no decaerá y su candidatura continuará. Por otro lado, Maduro hacía una advertencia sobre las elecciones: «Somos el pueblo en el poder (…). Vamos a ganar por las buenas o por las malas».

Una polémica detención

Pero hubo un hecho que vino a hacer más complejo aún el escenario político venezolano. El viernes 9 de febrero, la activista y experta militar venezolana Rocío San Miguel fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a tomar un avión con rumbo a Miami.

San Miguel, de 57 años y que también cuenta con la nacionalidad española, es presidenta de la ONG Control Ciudadano, la cual se encarga de registrar violaciones a los DD.HH en el país sudamericano. Su detención recién fue confirmada dos días después por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien aseguró que había una orden de detención vigente en contra de la activista.

Según el persecutor, la experta militar formaba parte de una conspiración que buscaba derrocar y asesinar al Presidente Nicolás Maduro. Días después aseguró que la detenida «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países, que no especificó.

Saab aseguró que, durante el allanamiento de la residencia de San Miguel, efectuado el pasado 14 de febrero, se encontraron mapas, teléfonos, agendas y computadoras que prueban que «entregó información sensible» a «potencias extranjeras» en «reuniones secretas» sostenidas en Venezuela, en la UE y en Estados Unidos, con representantes diplomáticos y con militares extranjeros.

San Miguel fue imputada por los delitos de «traición a la patria», «terrorismo» y «conspiración». Por otro lado, su ex esposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de «revelación de secretos políticos y militares».

Este hecho encendió las alarmas de todo el mundo. Diversas ONG han reclamado por la liberación de la activista, asegurando que desde su detención no ha podido comunicarse con sus abogados.

Adiós a la ONU

Uno de los organismos que habló por la situación de San Miguel fue la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., que expresó su «profunda preocupación» por la detención de la activista. Este hecho colmó la paciencia del régimen de Maduro, que decidió suspender las actividades de la representación en Venezuela de este organismo y expulsar del país a todo su personal.

«Esta decisión es tomada debido al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular del grupo de golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país», aseguró el canciller venezolano, Yvan Gil.

La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la ex presidenta Michelle Bachelet ocupaba esa posición. Su labor principal consiste en «brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas» en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela, que han sido bastante críticos de la gestión de Maduro.

«Si está preocupada por los derechos humanos de los venezolanos lo primero que tiene que hacer (la oficina de la ONU) es cooperar de manera estrecha con el gobierno nacional», aseguró Gil.

Días después, el propio Nicolás Maduro aseguró que la oficina «se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (…) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela».

«Hasta tanto esa oficina no respete la letra de Naciones Unidas, la independencia y soberanía de Venezuela y no rectifique y pida disculpas públicas, no volverá al país. Esperemos que rectifiquen», aseguró el líder chavista.

Así las cosas, los 13 empleados de la citada oficina abandonaron Venezuela y se instalaron en Panamá, desde donde seguirán monitoreando los hechos ocurridos en el país sudamericano.