Asesinatos en la minería: La lucha de Perú contra la fiebre por el oro ilegal

El secuestro y matanza de 13 trabajadores de la mina Poderosa puso de relieve la ola de terror por el control del metal precioso en ese país.

PATAZ – Un toque de queda en el distrito de Pataz y una orden para que las Fuerzas Armadas tomen el control de la zona, fue la medida decretada ayer por el gobierno de Perú, luego del secuestro y posterior asesinato de 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa.

La actividad minera de la zona, además, quedó suspendida durante 30 días. Se trata de un crudo episodio que da cuenta de un complejo problema que azota a Perú: la fiebre de grupos criminales por la extracción ilegal de oro.

Los 13 cadáveres fueron descubiertos el fin de semana, mientras se intensifica la ola de terror por el control del metal precioso en la zona. Los fallecidos trabajaban como guardias en una pequeña mina contratista de la compañía Minera Poderosa S.A., una de las mayores productoras de oro de Perú.

Al menos 39 trabajadores han sido asesinados en los últimos años en Pataz, informó Poderosa, con sede en Lima, el domingo en un comunicado.

La masacre pone de relieve las dificultades de las autoridades para responder a las bandas violentas que se aprovechan del auge del oro ilegal en un momento de precios récord. La violencia ha continuado en Pataz incluso después de que se declarara el estado de emergencia hace más de un año.

Si bien Perú es conocido por sus enormes minas de cobre, también es un importante productor de oro. El caso supone un nuevo revés para el ya impopular presidente y para la reputación del país como destino de inversión.

SNMPE, la asociación que representa a productores globales como BHP Group y Glencore Plc, dijo que el gobierno aún no ha aprobado un plan para combatir la minería ilegal, que también representa una amenaza para las operaciones formales.

«El secuestro y asesinato de estos trabajadores demuestra que las economías ilegales buscan amedrentar a la sociedad peruana y apoderarse de bienes públicos y privados, como las concesiones y operaciones mineras formales», afirmó la SNMPE en un comunicado emitido el domingo por la noche.

El lunes, legisladores de la oposición recolectaban firmas para intentar destituir al primer ministro Gustavo Adrianzen, quien la semana pasada expresó dudas sobre el secuestro de los contratistas de Poderosa. No está claro si esta iniciativa lograría el apoyo suficiente.

Precios en aumento

La industria formal ha criticado un mecanismo, llamado Reinfo, diseñado para permitir que los mineros artesanales formalicen sus operaciones. El registro temporal simplemente ha otorgado un estatus cuasi legal que ha contribuido a promover la minería informal, según representantes de la industria.

«Reinfo es utilizado como escudo por los mineros ilegales que ahora atacan no solo a los mineros artesanales, pequeños y medianos, sino también a la gran minería», dijo la presidenta de la SNMPE, Julia Torreblanca, en una entrevista con una emisora de radio local.

Algunas grandes minas del Perú han luchado para que los pequeños mineros sean expulsados de sus áreas de concesión, mientras que otras han optado por comprar su mineral.

El lunes por la noche, Poderosa intentaba confirmar si estaba incluida en la suspensión de la minería. «Sería una tontería detener las operaciones de las minas formales», declaró el portavoz Pablo de la Flor en mensajes de texto. «Eso es precisamente lo que quieren las minas ilegales».

La violencia en Pataz se ha contenido en el pasado, mitigando el riesgo para la industria en general. Sin embargo, se necesita un mayor escrutinio en toda la cadena de producción, ya que el alza vertiginosa de los precios del oro crea un incentivo adicional para las actividades ilegales, según César Pérez-Novoa, analista de BTG Pactual, especializado en recursos naturales.

«En el futuro, las compañías mineras probablemente reforzarán las inversiones en medidas de seguridad armada para contrarrestar a los grupos criminales organizados, potencialmente con vínculos internacionales, que extraen minerales ilícitamente para su venta en mercados internacionales, eludiendo los protocolos de trazabilidad establecidos», dijo Pérez-Novoa.