4 conclusiones del caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento

La cuestión ante los jueces de la Corte Suprema era si un único juez de distrito tiene la capacidad de bloquear una política en todo Estados Unidos.

WASHINGTON – El jueves, la Corte Suprema de Estados Unidos escuchó los alegatos en un caso relacionado con una orden ejecutiva del presidente Donald Trump cuya intención es poner fin a lo que se conoce como ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de migrantes indocumentados nacidos en ese país. Sin embargo, la cuestión ante los jueces era más concreta: si un solo juez de distrito tiene la capacidad de bloquear una política en todo Estados Unidos.

He aquí cuatro conclusiones de los argumentos.

El caso no era realmente sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento

Los jueces de la Corte Suprema no estaban considerando los fundamentos legales de la orden de Trump, aunque esta atrajo una mayor atención a los argumentos del jueves.

Poco después de asumir su segundo mandato, Trump firmó una orden que reinterpretaba el significado de la Decimocuarta Enmienda, que durante mucho se ha entendido como un otorgamiento automático de ciudadanía a casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense.

La orden pretende negar la ciudadanía a los bebés nacidos de migrantes indocumentados y visitantes sin green card. En la práctica, esto comenzaría con agencias del poder ejecutivo que les negarían documentos que confirmen la ciudadanía, como las tarjetas del Seguro Social.

Numerosos tribunales de todo Estados Unidos han impedido que el gobierno obedezca esa orden, dictaminando que lo más probable es que sea ilegal. Esto lo hicieron mediante mandamientos judiciales universales, órdenes que aplican para todo el país e incluyen a personas en situaciones similares que no eran parte en los casos. Por el momento, el gobierno de Trump solo cuestiona la capacidad de los tribunales para dictar tales órdenes.

Aun así, la cuestión de fondo se planteó varias veces. Varios jueces expresaron dudas sobre la legalidad de la proclamación de Trump. La jueza Sonia Sotomayor, por ejemplo, dijo que esta violaba, “según mis cuentas, cuatro precedentes establecidos de la Corte Suprema”. Ningún juez expresó su apoyo de manera abierta a la legalidad de la orden.

Los jueces preguntaron sobre la historia de los mandamientos judiciales universales

Algunos de los jueces —en particular el juez Clarence Thomas, el miembro más antiguo de la Suprema Corte— parecían interesados en la historia de los mandamientos judiciales de alcance nacional, sugiriendo en ocasiones que esta práctica no estaba plenamente arraigada en la jurisprudencia estadounidense. La Corte Suprema ha rechazado ciertas prácticas jurídicas —la más destacada fue el derecho constitucional al aborto— argumentando que no estaban reconocidas tradicionalmente en la legislación estadounidense.

En cierto momento, Thomas dijo que la nación había “sobrevivido hasta la década de 1960” sin el uso de mandamientos judiciales de alcance nacional. Aunque algunos juristas han cuestionado esta afirmación, aludiendo a ejemplos de uso de esta herramienta que se remontan a 1913, Thomas parecía expresar dudas sobre el uso generalizado de los mandamientos judiciales.

D. John Sauer, procurador general de Estados Unidos, tenía una postura similar, diciendo que los tribunales normalmente han funcionado atendiendo las demandas presentadas por particulares. Señaló que durante la avalancha de cambios legislativos promulgados durante el New Deal en la década de 1930, una política en particular dio lugar a demandas de más de mil demandantes distintos.

Estos días eran diferentes, dijo Sauer, señalando que en los últimos cuatro meses un tribunal había dictado casi 40 mandamientos judiciales a escala nacional. Afirmó que el número de estos mandamientos se había disparado en los últimos cinco gobiernos, y lo describió como un “problema bipartidista”.

Los jueces también lidiaron con cuestiones prácticas

Uno de los principales temas tratados por los abogados de los demandantes fue el efecto práctico de suprimir los mandamientos judiciales a escala nacional en un caso que afectaba a todos los estadounidenses. A los abogados les preocupaba que, antes de que la Corte Suprema emitiera un fallo definitivo sobre la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento, pudiera producirse un “caos” si se permitía a algunos estados mantener la práctica mientras otros no lo hacían.

Jeremy Feigenbaum, fiscal general de Nueva Jersey, señaló que si la política de Trump se imponía en algunos estados, los hijos de migrantes nacidos ahí podrían no obtener un número de Seguridad Social. Eso podría convertirse en un problema, sugirió, si más tarde se trasladaran a estados que sí los reconozcan como ciudadanos, sobre todo si intentan solicitar beneficios gubernamentales.

Feigenbaum también señaló que si la ciudadanía de una persona dependiera del estado en que esta se encuentre, también podría producirse una confusión generalizada sobre su estatus migratorio. Se preguntó en voz alta si los hijos de migrantes podrían ser expulsados en los estados que no reconocieran la ciudadanía por derecho de nacimiento y, sin embargo, estar protegidos de la expulsión en los estados que sí la reconocieran.

A varios les preocupaba un posible vacío legal

La jueza Elena Kagan, señalando que todos los tribunales inferiores que han examinado hasta ahora la orden de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento han dictaminado que es ilegal, preguntó a Sauer cómo podría resolverse definitivamente esta cuestión sin un mandamiento judicial universal.

Sauer propuso un mundo en el que, luego de que una cuestión jurídica “se filtre” entre muchas demandas individuales diferentes en los tribunales inferiores, la Corte Suprema termine por emitir un fallo en una que se convierta en un precedente vinculante que resuelva las demás.

Pero Kagan sugirió que el gobierno de Trump podría optar simplemente por no apelar ninguna de sus derrotas ante la Corte Suprema. Eso, dijo, le permitiría seguir negando documentos de ciudadanía a la enorme cantidad de bebés nacidos de padres que carecen de recursos o medios para demandar.

Sauer sugirió que una demanda colectiva podría ser la forma de resolver ese problema, pero también reconoció que lo más probable es que el gobierno argumentara que no se cumplían las normas para conceder la certificación colectiva a todos los niños afectados por la orden de Trump.

El juez Neil Gorsuch comentó: “La jueza Kagan ha formulado mis preguntas mejor de lo que yo podría haberlo hecho”, lo que provocó un inusual momento de risas en la sala. Volvió a presionar a Sauer: “¿Cómo sugiere que resolvamos este caso sobre el fondo de manera expedita?”.

Gorsuch continuó preguntando si el gobierno tenía la intención de apelar ante la Corte Suprema después de perder —dijo “cuando” eso ocurra, no “si”— sobre el fondo del caso ante un tribunal de apelaciones.

“¿Si perdemos?”, respondió Sauer. “Sí, absolutamente”.